Reconocen que es positiva la iniciativa para la promoción de la agroindustria, pero los referentes aseguran que la competitividad está comprometida por la carga fiscal.
Para los referentes de las economías regionales, el proyecto de ley del oficialismo de promoción de la agroindustria es positivo, pero afirman que no alcanza para fomentar inversiones. La clave, coinciden las fuentes consultadas por LA NACION, es avanzar hacia el desmantelamiento de los derechos de exportación (retenciones) y trabajar más para bajar los costos de logística que golpean fuerte a las industrias que están lejos de los puertos.
La semana pasada el presidente Alberto Fernández presentó la iniciativa que se denomina “Régimen de fomento al desarrollo agroindustrial, federal, inclusivo, sustentable y exportador” que incluye beneficios de amortización acelerada, IVA inversiones, compra de insumos y valuación de la hacienda, entre otros.
Eduardo Rodríguez, presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, subraya que hay aspectos positivos en el proyecto, como el recupero del IVA y la amortización rápida de la inversión, pero enfatiza que “lo más complicado” para el sector son las retenciones del 12%. “Nos hacen un daño enorme, no podemos competir internacionalmente. Somos generadores de divisas y este impuesto nos golpea”, resume.
Apunta que la brecha cambiaria se agrega a los problemas porque los insumos están dolarizados, más allá de que se paguen en pesos, ya que los proveedores les aplican los aumentos del mercado paralelo. “Eso y los fletes que subieron muy fuerte desde el inicio de la pandemia completan el combo con las retenciones”, explica.
El proyecto presentado fue diseñado con la participación del Consejo Agroindustrial; los participantes del trabajo advierten que no es el original, pero sí “toma varios de los puntos” como su alcance federal, la cobertura de una diversidad de actividades y la cobertura de diferentes tamaños de empresas y de productores, elaboradores y exportadores.
La presidenta de la Federación Olivícola Argentina, Patricia Calderón -también integrante del Consejo- subraya que se seguirá reclamando “en paralelo” para reducir y terminar con las retenciones a las economías regionales que todavía las tienen.
“Una amortización acelerada de los bienes incorporados por la empresa que decida invertir es una forma de colaborar, lo mismo que computar el saldo favorable de IVA; igual que fomentar el uso de fertilizantes mediante un crédito fiscal por una parte de ese gasto. Son puntos que favorecen a inversores”, indica y sostiene que están a la expectativa de cómo avanza la norma y cómo se reglamenta.
Para Calderón se trabaja para “fomentar” nuevas inversiones aunque el proyecto es “solo un primer paso”. “La agroindustria tiene un potencial desaprovechado en todo el país -continúa-. La idea es que nos dejen trabajar, que no nos pongan obstáculos, que nos permitan invertir, dar trabajo y exportar. En algunas economías regionales los resultados se podrán ver en seis meses y en otras en tres o cinco años, pero lo importante es avanzar en un camino de crecimiento”.
Santiago de San Román, exportador de legumbres de Creston Group, coincide en que todos los puntos incluidos en la iniciativa son “buenas” pero insiste en que el problema es que “después llega al dos por ciento de las empresas y termina siendo una ilusión”. Ratifica que en el norte del país, hay producciones “inviables” si se quiere hacer todo el proceso en blanco; “la presión de los vecinos del norte que son nuestros competidores es muy fuerte, operan mucho en negro y nos dejan fuera de competencia”, dice.
De San Román plantea que, aun cuando los beneficios del proyecto presentado, lleguen a las industrias regionales del NOA, por los precios que pagan los competidores en “canales informales, no vamos a tener mercado; es muy difícil la situación”.
Desde la Asociación Argentina de Productores Algodoneros destacan que la iniciativa que debe ser tratada por el Congreso incluye “importantes beneficios” como los bonos en crédito fiscal por el 50 % de las inversiones que se realicen para desarrollar una agricultura que cuide el ambiente y el suelo y para la compra de semilla fiscalizada (“un problema que tenemos sin resolver en la Argentina”, dicen).
“Ahora esto no soluciona el problema estructural que tenemos los algodoneros, que es la falta de rentabilidad por la alta presión impositiva que sufrimos los empresarios argentinos. Con este proyecto no se va a producir más alimentos, porque los problemas siguen sin resolverse; otro es la brecha cambiaria que genera una destrucción. Los insumos están dolarizados y vendemos a un dólar atrasado; hay que buscar una salida urgente”, insiste ante LA NACION Héctor Linke, presidente de la Asociación.
Añade que bonificar a los empresarios que hagan inversiones está “muy bien y lo aplaudimos”, pero subraya que los productores de 100 o 200 hectáreas están “subsistiendo no pueden salir de la situación en la que se encuentran por falta de rentabilidad”.
A criterio de Linke las economías regionales siguen sin tener una respuesta que los ayude. “Producimos en zonas menos favorables, lejos de los puertos, sin autopistas, sin trenes o puertos eficientes que bajen los costos de los fletes, y nos presentan un proyecto de ley que ni siquiera tiene en cuenta los verdaderos problemas, solo una expresión de deseo de que se aumente la producción pero nada en concreto para que esto se haga realidad”, sostiene.
“Se trata de una norma que tratamos, hablamos, hicimos aportes porque es una norma que es buena -describe Federico Gadea, presidente de la Cámara Industrial Arrocera-. Todavía falta que se trate y se apruebe y eso seguramente llevará tiempo. Y si vamos a hacer una ley para promover a las economías regionales pero no vamos a sacar las retenciones, nos hace dudar de que la voluntad política sea tan clara”.
Publicado: 07 de octubre de 2021
Fuente: La Nación
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