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11 FEBRERO

AGROCIFRAS

España: La condena del campo: los agricultores asumen el 90% de la caída de los precios

España: La condena del campo: los agricultores asumen el 90% de la caída de los precios

El SMI ha encendido el campo, pero solo ha sido la chispa que ha prendido un sistema asolado por el poder dominante de la industria procesadora, la desregulación y la falta de profesionalización.



La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha prendido la ira en el campo y los agricultores, exhaustos tras décadas de sufrimiento, han tomado sus herramientas para movilizarse a lo largo de todo el territorio español. Los costes de producción se han disparado en apenas dos años después de que el Ejecutivo haya decidido elevar un 29 % el SMI y, dados los bajos salarios que hay en el sector, su incidencia ha sido muy elevada. Los casi 300 euros extra que tienen que pagar al mes por sus trabajadores (incluyendo las cotizaciones sociales) han sido el detonante de las protestas, pero, como reconocen los agricultores, la subida del salario mínimo no ha sido el causante de los problemas ni estos se solucionarían aunque volviera a bajarse de nuevo.

El campo español atraviesa graves problemas estructurales que nadie ha querido abordar en décadas. Los políticos son hoy el centro de la ira porque han desistido de abordar los problemas de la liberalización de los mercados, pero los agricultores tampoco han hecho mucho por cambiar las inercias. El resultado es que las ineficiencias del mercado se han disparado hasta tal punto que la formación de precios ha dejado de responder a la evolución de la demanda y los costes de producción y se mueve en función de un sector oligopolístico que controla el reparto de la renta y los beneficios.

Los datos son contundentes. En los últimos 15 años, el precio de venta de los agricultores, ganaderos y pescadores de España ha subido poco más de un 9 %. Un incremento que, si se le descuenta la inflación, esto es, la subida del IPC, muestra una caída real de los precios del 15,5 %. Esto significa que ni siquiera la recuperación ha supuesto un alivio para el sector primario.

Los datos son contundentes. En los últimos 15 años, el precio de venta de los agricultores, ganaderos y pescadores de España ha subido poco más de un 9%. Un incremento que, si se le descuenta la inflación, esto es, la subida del IPC, muestra una caída real de los precios del 15,5 %. Esto significa que ni siquiera la recuperación ha supuesto un alivio para el sector primario.

Sin embargo, en este periodo la industria procesadora ha elevado sus precios un 25,7% (un 1 % real) y el precio de venta al público ha subido casi un 27 %, dos puntos por encima del IPC. Las conclusiones son evidentes: mientras los productores sufren una caída continuada de los precios (en términos reales), la industria procesadora y las cadenas de distribución han reducido los costes intermedios y han elevado los de las ventas.

El sector primario ha perdido la capacidad para influir en la formación de precios y se encuentra al albur de las decisiones de los comercializadores. De esta forma, no pueden trasladar al precio la subida del salario mínimo, pero tampoco el encarecimiento de los combustibles o la amortización del capital.

"No cabe duda de que nuestro problema es la formación de precios", explica Miguel Blanco, secretario general de COAG, "si pudiéramos trasladar los costes a los precios, sería perfecto. Nosotros queremos salarios dignos en el campo, pero no puede ser a costa de caer en pérdidas". En la misma dirección se pronuncia José Ramón Díaz, responsable de cadena alimentaria de Asaja: "El problema está en una mala formación de precios porque es la industria procesadora quien los fija de forma unilateral".

Sin embargo, en este periodo la industria procesadora ha elevado sus precios un 25,7 % (un 1 % real) y el precio de venta al público ha subido casi un 27 %, dos puntos por encima del IPC. Las conclusiones son evidentes: mientras los productores sufren una caída continuada de los precios (en términos reales), la industria procesadora y las cadenas de distribución han reducido los costes intermedios y han elevado los de las ventas.

El sector primario ha perdido la capacidad para influir en la formación de precios y se encuentra al albur de las decisiones de los comercializadores. De esta forma, no pueden trasladar al precio la subida del salario mínimo, pero tampoco el encarecimiento de los combustibles o la amortización del capital.

"No cabe duda de que nuestro problema es la formación de precios", explica Miguel Blanco, secretario general de COAG, "si pudiéramos trasladar los costes a los precios, sería perfecto. Nosotros queremos salarios dignos en el campo, pero no puede ser a costa de caer en pérdidas". En la misma dirección se pronuncia José Ramón Díaz, responsable de cadena alimentaria de Asaja: "El problema está en una mala formación de precios porque es la industria procesadora quien los fija de forma unilateral".

La estadística europea del observatorio de precios muestra un grave desequilibrio en España. Un buen ejemplo está en los precios de la fruta, que desde el año 2005 apenas han subido un 2,4 %, lo que en términos reales significa una caída acumulada superior al 22 %. Sin embargo, el precio de venta al público de la fruta en los establecimientos se ha disparado un 38 %, con una subida real próxima al 13,5 %.

La mala formación de precios

El observatorio de precios de Eurostat muestra situaciones similares para la mayor parte de los productos agrícolas analizados. En el caso de las frutas y verduras para zumo, por ejemplo, los precios de producción son actualmente incluso más bajos que en 2005, en concreto, un 3,4 % inferiores. Sin embargo, el precio al que vende la industria procesadora se ha disparado un 40 %.

El problema de España es que el sistema de formación de precios está roto por los desajustes del mercado. La atomización de los productores y la concentración de la industria procesadora hace que sea esta segunda quien fije los precios sin atender a los costes de producción. Así, cuando el precio de los agricultores sube, la industria intermedia traslada inmediatamente el 62 % de ese incremento a los consumidores, el segundo dato más alto de todos los países europeos analizados. Sin embargo, cuando los precios de producción se reducen, entonces la industria procesadora apenas traslada el 9 % de ese recorte al consumidor final. El resto del beneficio, se queda por el camino.

Sin embargo, en este periodo la industria procesadora ha elevado sus precios un 25,7 % (un 1 % real) y el precio de venta al público ha subido casi un 27 %, dos puntos por encima del IPC. Las conclusiones son evidentes: mientras los productores sufren una caída continuada de los precios (en términos reales), la industria procesadora y las cadenas de distribución han reducido los costes intermedios y han elevado los de las ventas.

El sector primario ha perdido la capacidad para influir en la formación de precios y se encuentra al albur de las decisiones de los comercializadores. De esta forma, no pueden trasladar al precio la subida del salario mínimo, pero tampoco el encarecimiento de los combustibles o la amortización del capital.

"No cabe duda de que nuestro problema es la formación de precios", explica Miguel Blanco, secretario general de COAG, "si pudiéramos trasladar los costes a los precios, sería perfecto. Nosotros queremos salarios dignos en el campo, pero no puede ser a costa de caer en pérdidas". En la misma dirección se pronuncia José Ramón Díaz, responsable de cadena alimentaria de Asaja: "El problema está en una mala formación de precios porque es la industria procesadora quien los fija de forma unilateral".


La estadística europea del observatorio de precios muestra un grave desequilibrio en España. Un buen ejemplo está en los precios de la fruta, que desde el año 2005 apenas han subido un 2,4 %, lo que en términos reales significa una caída acumulada superior al 22 %. Sin embargo, el precio de venta al público de la fruta en los establecimientos se ha disparado un 38 %, con una subida real próxima al 13,5 %.

La mala formación de precios

El observatorio de precios de Eurostat muestra situaciones similares para la mayor parte de los productos agrícolas analizados. En el caso de las frutas y verduras para zumo, por ejemplo, los precios de producción son actualmente incluso más bajos que en 2005, en concreto, un 3,4 % inferiores. Sin embargo, el precio al que vende la industria procesadora se ha disparado un 40 %.

El problema de España es que el sistema de formación de precios está roto por los desajustes del mercado. La atomización de los productores y la concentración de la industria procesadora hace que sea esta segunda quien fije los precios sin atender a los costes de producción. Así, cuando el precio de los agricultores sube, la industria intermedia traslada inmediatamente el 62 % de ese incremento a los consumidores, el segundo dato más alto de todos los países europeos analizados. Sin embargo, cuando los precios de producción se reducen, entonces la industria procesadora apenas traslada el 9 % de ese recorte al consumidor final. El resto del beneficio, se queda por el camino.

Ningún país europeo muestra este desequilibrio en la formación de precios, de modo que la industria intermedia mejora sus márgenes cuando los precios más fluctúan. Por el contrario, esta asimetría condena a los productores, ya que son ellos quienes asumen los costes de la competencia entre tiendas y supermercados. Como la subida de los precios en el campo se traslada casi por completo al consumidor, se genera una gran presión para congelar las subidas. Sin embargo, cada vez que bajan los precios, los beneficios se quedan en la industria intermedia y el consumidor apenas lo nota. De ahí que cada bajada de precios en el mercado haga más complicada una subida posterior.

"Nos enfrentamos a un mercado que es casi un oligopolio", lamenta Blanco, "el valor añadido de cada eslabón de la cadena de producción debería repartirse de forma proporcional, pero esto no ocurre así, lo que nos ha llevado a esta situación de caída de la renta agraria". "Al final el que asume los riesgos es el agricultor, pero es el que menos tajada se lleva de la cadena alimentaria", lamenta Díaz de Asaja.

Mientras la industria procesadora se consolidaba, en buena medida por el auge de grupos multinacionales, el campo español ha seguido muy atomizado. "Seis grandes multinacionales de la alimentación controlan el 68 % de la comercialización agroalimentaria", explica Blanco, sin embargo, en el campo hay "1.200.000 explotaciones".

Este desequilibrio refleja, a su vez, una de las grandes lacras de España: la gran cantidad de microempresas y autónomos que copan el tejido productivo y que, lejos de suponer un impulso económico, generan un freno al crecimiento económico, la rentabilidad y el avance de los salarios. La atomización de la producción significa que el territorio está plagado de pequeñas explotaciones sin capital físico ni humano que resultan muy poco productivas.

La reticencia del campo español a la concentración está también en la base del problema. No solo porque muchas familias no hayan querido desprenderse de sus tierras, también a las resistencias a la creación de grandes cooperativas que gestionen grandes volúmenes de producción y equilibren el poder negociador con las grandes empresas. En algunos casos, las pequeñas y medianas cooperativas han sido ejemplos de mala gestión que han introducido desincentivos en los pequeños propietarios.

Coag asume una parte del error: "Hay que hacer autocrítica, porque ha habido conformismo. Si fallan las estructuras, también es responsabilidad nuestra", señala Blanco. En su opinión, el asociacionismo es una parte de la solución que sí está en manos de los agricultores y ganaderos. "Ya no sirven las pequeñas cooperativas comarcales o municipales, son necesarias agrupaciones más amplias" para ganar poder de negociación en la formación de precios.

"La mayor parte de las estructuras están descapitalizadas", ya que las pequeñas explotaciones, como no son rentables, no tienen recursos para invertir. "No cabe otro camino, o peleamos juntos o no hay solución", señala el secretario general de Coag. Desde Asaja ven el movimiento de los últimos días como un grito al unísono del campo que puede transformar conciencias políticas y sociales en España. "El derecho al pataleo es lo que nos queda", explica Díaz.

La ineficiencia de mercado ha llegado hasta tal punto que la solución difícilmente podrá ser privada. Los pequeños agricultores no tienen ni voluntad ni capacidad económica como para cambiar su modelo productivo y la industria procesadora que controla los precios no está dispuesta a ceder sus márgenes. De ahí que los agricultores reclamen a las diferentes Administraciones Públicas que adopten soluciones para que el reparto de la renta del campo sea más justo.

Publicado: 11 de febrero de 2020

Fuente: El Confidencial

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